El sistema español de ciencia, tecnología y sociedad engloba a todas las instituciones y organismos de titularidad pública y privada dedicados a la generación de conocimiento mediante la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico y/o la utilización de éste en el ámbito productivo, así como al conjunto de reglas, normas, usos y costumbres que en relación a estas materias imperan en la sociedad.
A pesar de que el sistema está compuesto por una estructura compleja de entidades, éste puede ser clasificado desde un punto de vista organizativo en cuatro grandes categorías de entidades en atención a la naturaleza, objetivos y funciones de cada una de ellas: Sistema público de I+D+I, Organizaciones de soporte a la I+D+I, Empresas y Sociedad.
Para favorecer el conocimiento de los integrantes del sistema español de ciencia, tecnología y sociedad, el Directorio Español de Ciencia y Tecnología DIRECYT recoge un listado completo y los datos de contacto de todas las organizaciones e instituciones que componen nuestro sistema público de investigación científica y tecnológica, tanto a nivel nacional como autonómico: Ministerios, consejerías autonómicas, comisiones parlamentarias, organismos y centros públicos de investigación, hospitales, universidades, centros tecnológicos, parques tecnológicos, asociaciones, grandes instalaciones, fundaciones universidad-empresa, OTRIs, museos de ciencia y tecnología y Reales Academias involucrados en actividades de decisión, planificación, coordinación, financiación, ejecución, evaluación y apoyo a las actividades de I+D+I.
El actual sistema español se configura como tal tras la aprobación de la Ley 13/1986, de 14 de abril de 1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, denominada Ley de la Ciencia de 1986, ley que persigue, a través de sus objetivos fundamentales, una mayor y mejor coordinación entre los distintos agentes del sistema.
Así mismo, la Ley de la Ciencia establece el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan Nacional de I+D+I) como instrumento para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, que corresponde al Estado, y crea la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Científica y Tecnológica (CDPCYT) como órgano de planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional. El Plan Nacional está así concebido como un mecanismo integrador que debe fijar los grandes objetivos en I+D para períodos plurianuales y ordenar las actividades dirigidas a su consecución en programas a realizar por los distintos departamentos ministeriales con responsabilidades en la materia.
Aún cuando las competencias en investigación y desarrollo corresponden a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas (CCAA) han iniciado en los últimos años múltiples acciones y la importancia económica e institucional de las políticas autonómicas de I+D+I ha crecido de forma significativa, aunque muestran claras diferencias regionales tanto en la inversión pública en esta materia, a través de los presupuestos dedicados a investigación e innovación, como en el propio desarrollo de los sistemas regionales. Por regla general sus políticas se han centrado en el desarrollo tecnológico industrial, concentrándose en ayudas a las empresas y en la creación de parques tecnológicos y organizaciones de ayuda administrativa.
Para dimensionar el sistema conviene hacer un breve repaso a los principales indicadores de gasto y de recursos humanos en ciencia y tecnología. El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) asciende en el año 2008 a 14.701,4 millones de euros, lo que representa el 1,35% del Producto Interior Bruto (PIB) y un incremento del 10,2% respecto al año anterior; crecimiento de grado menor del registrado en 2007 (12,9%). Estas cifras suponen, en términos absolutos y en su relación con el nivel de riqueza, el mayor gasto interno de I+D hasta la fecha para la generación de conocimientos y para su utilización en la concepción de nuevas aplicaciones.
En cuanto a los sectores de ejecución, el sector empresarial es el que presenta el mayor porcentaje de gasto sobre el total en I+D (un 54,9%, que supone el 0,74% del PIB). Le sigue, en orden de importancia, el sector Enseñanza superior (con un 26,7% del total, que representa el 0,36% del PIB). La Administración Pública contribuye con el 18,2% del gasto total en I+D y un 0,25% del PIB. Finalmente, las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL) representan el restante 0,2%.
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 1995-2008 (INE)
El mayor incremento en gasto de actividades de I+D lo ha experimentado la Administración Pública, con un 13,8% más respecto al año 2007. En un segundo orden, se encuentra el sector de la Enseñanza superior que en 2008 representa una tasa de crecimiento del 11,8%. Las IPSFL también incrementaron sus pagos para I+D, en un 10,2%. Por último se sitúan las empresas con un 8,3% de tasa de variación interanual, si bien es cierto que el número de empresas que realizan acciones de investigación científica y desarrollo tecnológico han crecido un 2,6% respecto a 2007.
La financiación de las actuaciones en I+D se distribuye mayoritariamente entre las inversiones del sector privado (un 45%) y la Administración Pública (un 45,6%). Los fondos procedentes del extranjero (5,7%), la Enseñanza superior (3,2%) y las IPSFL (0,5%) financian el 9,4% restante, según los últimos datos del INE.
Por lo que se refiere al contingente de recursos humanos en investigación y desarrollo, la cifra total alcanza las 215.676 personas en equivalencia a jornada completa (el 10,6 por mil de la población ocupada); de las cuales, 130.966 personas componen el colectivo de investigadores (el 6,5 por mil de la población ocupada). Respecto del año 2007, el personal de I+D ha aumentado en un 7,2% y el de investigadores un 6,8%.
El 39,1% del personal dedicado a actividades de I+D son mujeres, situándose la participación femenina con mayores proporciones en las IPSFL (56,6%) y en la Administración Pública (50,9%). En niveles del 40% permanecen en el sector Enseñanza superior (43,8%), mientras que en las empresas este porcentaje desciende hasta el 30,1%, manteniéndose al mismo nivel que en 2007.
Las comunidades autónomas que realizan en 2008 un mayor esfuerzo en actividades de I+D, son la Comunidad de Madrid (2% del PIB), País Vasco (1,96%), Comunidad Foral de Navarra (1,92%) y Cataluña (1,61% del PIB). Estas comunidades son las únicas que presentan cifras de intensidad en el gasto de I+D superiores a la media nacional (1,35%). Superan, además, el uno por cierto, Castilla- León (1,26%), Comunidad valenciana (1,05%), Galicia (1,04%), Andalucía y Aragón (ambas con el 1,03%). La Rioja y Cantabria se sitúan en el 1% de su PIB.
La distribución regional del gasto en I+D en valores absolutos –a precios de mercado- muestra claras desigualdades, con una concentración manifiesta en las comunidades de Madrid y Cataluña (48,9% del total). Por otro lado, las administraciones autonómicas que presentan mayores tasas de crecimiento son Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria. Sin embargo, cuando el análisis se practica con relación al PIB de cada comunidad autónoma, emergen regiones que, a pesar de contribuir de forma escasa al gasto total en términos corrientes, sí realizan un esfuerzo considerable respecto a su nivel de riqueza, como es el caso de las comunidades cántabra y Navarra, y en particular de La Rioja.
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 2008 (INE).
* Datos calculados respecto del PIB del año 2008 base 2000.
Pese a que España no alcanza los niveles europeos en I+D en sus respectivos sistemas regionales de ciencia, tecnología y empresa (a excepción de Madrid, País Vasco y Navarra), los datos mostrados para la cifra nacional, que nos sitúan como uno de los países con mayores tasas de crecimiento del gasto en I+D, permiten dibujar una tendencia convergente respecto al nivel medio europeo.